Aseguran que no hay peligro de devastación
El proyecto de ampliación tiene una inversión de $335,564,373.92 y según el Ministerio de Obras Públicas, presentaron todos los estudios.
- Yaissel Urieta Moreno
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- - Publicado: 08/7/2018 - 12:00 am
Un estudio de impacto ambiental es casi una carta de presentación sobre una obra que pretende ser construida en cualquier punto del país. En dichos documentos se debe presentar un informe detallado de las características del proyecto y cómo afectará al ambiente.
En Panamá es obligatorio que entidades gubernamentales especialistas en ambiente aprueben los estudios para luego proceder a la construcción de la misma, de no ser presentado, no se puede realizar ninguna actividad.
Según Emilio Sempris, cabeza del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), durante su administración se han evaluado cerca de $62 mil millones en estudio de impacto ambiental.
Situación que también levanta una alerta por la cantidad desmedida de nuevas construcciones que se realizan en el país.
"Hemos reducido la cantidad de estudios que son rechazados porque tenemos un nuevo proceso de admisión", destacó el ministro, quien sumó que unos 600 proyectos han sido rechazados para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental.
A pesar de la nueva forma de eliminar la aceptación de estudios erróneos, MiAmbiente no tuvo problemas en aceptar los trabajos de ampliación a ocho carriles en el área de Arraiján.
Según la autoridad de MiAmbiente, se ha dado una mala información sobre el tema de la ampliación a ocho carriles de Arraiján al Puente de las Américas.'
Hay déficit de personal idóneo para aprobar los estudios ambientales
A pesar de que MiAmbiente ha intentado modificar el sistema de ingreso de estudios ambientales, no es un secreto que tienen déficit de personal.
Y es que desde 2009 a la fecha, la entidad solo ha logrado hacerse de los servicios de unos 23 nuevos evaluadores o promotores de impacto ambiental que hagan los estudios.
“Vamos a abrirlo para contar con estudiantes recién graduados de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)”, explicó el ministro Emilio Sempris.
Según estipula la ley, después del ingreso de un estudio, no deben pasar más de 30 días para que los interesados tengan una respuesta sobre la viabilidad de construcción y cómo afecta el ambiente, pero en ocasiones demora más por la falta de profesionales contratados.
De igual forma, según Sempris, hay proyectos de Estado que tienen entre 2 y 3 años que no han podido avanzar de un estudio de impacto ambiental.
"Se ha dado una mala campaña, diciendo que se están devastando los bosques, y no es así", rescató de forma enérgica Sempris.
Y es que la visible y preocupante tala de árboles ya ha provocado la denuncia en redes sociales de muchos ciudadanos que viven en Panamá Oeste, por la preocupación de ver tanto bosque reducido a tierra roja.
Residentes del área oeste como Milca Núñez sostienen que, "cada día se nota más la cantidad de árboles que han tumbado y ninguna autoridad hace nada, no piensan en el daño que eso podría causar a futuro".
Algo que el ministro Sempris refuta, comparándolo con lo sucedido con la ampliación del Canal de Panamá de 2007 a 2015.
"Igual que la ampliación, que nos hizo perder 1,200 hectáreas de bosque como país, que ahora reemplazan en ciertos sectores el país por la Autoridad del Canal de Panamá".
Para sectores ambientalistas, es difícil ver cómo se dan permisos de tala y construcción sin pensar más allá de una ciudad de cemento.
"Ya en la vía Centenario se dio el desbordamiento de un río, lo que evitó el paso de autos en la carretera, qué otro ejemplo quieren, en algún momento la naturaleza buscará su salida", dijo Marie López, amante de la naturaleza.
Plan B
Aunque la ciudadanía aduce que tal vez se pueda poner en riesgo parte de la cuenca hidrográfica, las autoridades aseguran que eso no es así y que para todo hay una salida.
La estrategia de MiAmbiente, específicamente con la ampliación a ocho carriles, es que toda esa vegetación que se ha tumbado y la que falte se estará reemplazando por medio de la compensación forestal.
Es decir, la empresa encargada de los trabajos debe sembrar en otras partes del país la misma cantidad de árboles que se talaron para la construcción de la carretera.
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