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Política - 26/8/19 - 06:00 AM

Inés Samudio, la mujer que busca poner orden en el Miviot, con un enfoque social

A poco menos de dos meses de empezar su nuevo cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la chiricana y su equipo se ha dedicado a realizar las auditorias de todos los proyectos heredados. Su objetivo es poner orden administrativo para culminarlos y enfocarse en el ordenamiento territorial.

El nuevo equipo del Miviot se ha dedicado a realizar las auditorias de todos los proyectos heredados. Foto/Shino Suira

Humilde, chiricana, con deseos de superación desde pequeña y mucha fe. La ingeniera civil Inés Samudio, es la mujer que desde el pasado 1 de julio asumió el liderazgo del Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial (Miviot). Samudio es una de las seis féminas que el actual presidente de la República de Panamá, Nito Cortizo eligió para ser parte de su gabinete. La chiricana de 46 años tiene experiencia en la administración municipal (ha sido directora de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de David) y ha ejercido su profesión de forma independiente.

Ahora, llega a la estructura nacional, y aunque esto signifique un gran un reto para ella, no se intimida. Pretende manejar el desafío con compromiso, transparencia, orden y trabajo en equipo junto a las demás carteras y estamentos del "buen" gobierno.

A poco menos de dos meses de empezar su nuevo cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Samudio y su equipo se ha dedicado a realizar las auditorias de todos los proyectos heredados, muchos de los cuales considera beneficiosos para la población, como los que se llevan a cabo en Colón, pero, que necesitan ser ejecutados con orden y garantías.

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Comenta que han encontrado "un gran desorden administrativo", especialmente en los expedientes relacionados con el programa Techos de Esperanza, que ella considera fue un "ensayo y error". Incluso, deja entrever una serie de irregularidades en el precio de las viviendas.

"Evaluamos que la administración pasada invirtió poco más de 2 mil millones de dólares en proyectos de inversión y Techos de Esperanza, haciendo alrededor de 16 mil unidades de vivienda. O sea ¿cuánto costó cada vivienda que se otorgó?", se pregunta.

Confiesa, además, que la intención no es eliminar lo que hizo la administración pasada, pero sí le darán seguimiento a los proyectos y tomarán los correctivos necesarios para culminarlos eficientemente, beneficiando así, de manera integral, a las comunidades. Durante su gestión dará prioridad al tema del ordenamiento territorial.

En el siguiente video, Samudio detalla cómo encontró el ministerio y qué acciones tomará para corregir los principales programas que heredó del gobierno anterior. Además, conversamos con ella sobre pobreza multidimensional, descentralización y el sector de la construcción, entre otros.





El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 2018 se calculó en 19.0%, una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación con 2017. ¿Usted cree que los programas como Techos de esperanza, han tenido algún impacto real sobre la pobreza multidimensional?

Realmente no.

Entonces, ¿qué debe ocurrir para que las personas que reciben una vivienda de estos programas sociales, en los cuales se invierten fuertes sumas de dinero, cambien su mentalidad frente a la pobreza?

Esto debe ir unido a una capacitación y también debemos hacerlo en equipo con el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y la Policía Nacional, a través del programa de barrios, para que no sea solamente un espacio físico o una vivienda, sino una entrega integral. Es lo que aspiramos.

Como ingeniera, ¿opina que los diseños de las casas de los programas sociales son realmente dignas?

Lo que nosotros tenemos que garantizar es que los métodos constructivos estén aprobados por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos y todos lo están, lo hemos verificado, todos cumplen con la ley. Pero, aquí no se tomó en cuenta la parte de la idiosincracia, la cultura de la población. Por ponerte un ejemplo, en la zona indígena nos han manifestado que no quieren este tipo de viviendas; el Miviot no tomó en cuenta la opinión de la población.

Que sean seguras, que no se vayan en un sismo, sí, podemos garantizarlo; si se construyeron según los planos aprobados, va a ser así. Pero va más allá de venderle el proyecto a esta población.

Con la descentralización, ¿cómo se manejará ahora el tema del ordenamiento territorial?

Ese es un punto que vamos a fortalecer. Al ordenamiento en las últimas administraciones no se le dio la importancia que tenía. Apostamos que el déficit se haga a través de estos programas como Bono solidario, los cuales son planificados, se hacen a través de planos, de estudios... Por medio de este componente sentimos que la inversión del Estado es menor y las soluciones de viviendas más. Así que ese viceministerio se va a fortalecer en esta adminsitración.

Ha pensado seguir la práctica de la perredista Balbina Herrera, quien al ser ministra de Vivienda demolió y reconstruyó viejos caserones?

Definitivamente que es un proyecto que estamos evaluando. Estamos haciendo la evaluación por medio del Banco Hipotecario Nacional, porque debemos detectar primero las propiedades que tenemos a nivel nacional a través del Banco y de la Anati (Autoridad Nacional de Administración de Tierras). Casualmente, nos hemos reunido con casi todas las comunidades para que le den el valor a la inversión que está haciendo el Estado en estas soluciones de vivienda, y definitivamente que hay que entender a esta población.

Muchas veces cuando el Estado intenta darle soluciones habitacionales a personas en riesgo, se traslada una zona roja a otro lugar que antes no lo era, y allí comienza otro problema. ¿Qué pasara en este sentido?

Es que se hace de manera desordenada, eso se tiene que hacer con los gobiernos locales, el Mides, la Policía... todos los que tienen que intervenir con el desarrollo de una comunidad. Si lo haces aislado, el problema que tienes en esta comunidad lo trasladas a otra.

El sector de la construcción ha estado muy golpeado en el último quinquenio. En el primer trimestre de 2019 la firma de consultoría económica Indesa reportó una caída de 25.5% en el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones registradas en los principales municipios del país. Esta y otras cifras son alarmantes, dado que, este sector es uno de los mayores generadores de empleo y aporta más del 18% al PIB. ¿Cómo lo piensan potencializar?

Ya lo empezamos a potencializar, haciendo más dinámicas y facilitadoras las mismas direcciones que tienen que ver con las aprobaciones: Ventanilla Única, la Dirección de Ordenamiento Territorial... En las regionales también estamos fortaleciendo, ya descentralizamos la Ventanilla Única de Chiriquí-Bocas, estaremos próximamente creando la de Veraguas que va a atender toda la región de Azuero. Eso va a descongestionar todos los trámites que se hacen acá en la sede, porque todo venia aca y provocaba un atraso. Por otro lado, las aprobaciones de los proyectos nuevos privados demoraban más de un año, y el inversionista quería iniciar estas construcciones de sus organizaciones, lotificaciones... Eso no puede volver a pasar. Esto lo estamos haciendo en equipo con todas las instituciones que tienen que ver con estas aprobaciones.

En 2018, las quejas contra las empresas inmobiliarias ocuparon el primer lugar en la Acodeco (413 casos de consumidores por B/.29,672,426): cláusula abusiva, vicios ocultos, falta de información, incumplimiento de garantías, ahora se caen elevadores... muchas promotoras no quieren responder, pero las casas siguen siendo costosas...

Agrego también la parte de la inversión privada, ahí estamos trabajando con la Ley de propiedad horizontal, su actualización y reglamentación. Igualmente con la Ley de arrendamiento, que es una ley del año 73, y otras leyes que van a impulsar la inversión privada. Esto hay que hacerlo en equipo, nosotros damos la política de ordenamiento, desarrollo, la normativa; la parte de la conducción la deben velar los municipios a través de su Dirección de obras y construcciones. Estamos pensando fortalecer el apoyo a los municipios, por medio de las direcciones de planificación, porque la responsabilidad es de todo un engranaje gubernamental que debe darle la garantía a la población que adquiere, que sueña con una nueva vivienda, para que al final no sea una pesadilla. Eso lo tenemos que hacer en equipo.

Hoy el costo de la vida sube, y parece que los salarios no alcanzan. Cada vez es más difícil para los jóvenes adquirir su propia vivienda. ¿Han pensado algún incentivo o solución para esta parte de la población?

Como equipo del nuevo gobierno ya estamos estudiando, y está proxima a presentarse la Ley de leasing inmobiliario, una ley innovadora que va a atraer a esta población. Igualmente, estamos analizando que el programa de Bono solidario, que es enfocado en la familia, también se pueda abrir para que sean los jóvenes los que puedan adquirir esta vivienda. Estamos haciendo estrategias que esperamos a los 100 días las podamos concretar y brindárselas al país.

¿Cuál será su proyecto insignia durante su gestión?

Estamos enfocados en que el ordenamiento territorial se dé y se establezca a nivel de todo el país, que todas las ciudades queden con un ordenamiento territorial que garantice algún desarrollo ordenado y se sepa hacia dónde van las ciudades.

Sabemos que ha estado en la administración municipal y ha ejercido su profesión de forma independiente. Ahora que está a nivel de ministerio, ¿ha contemplado seguir los pasos de sus antecesores, en esta cartera, Balbina Herrera y Mario Etchelecu, que pasaron por el Mivi y luego aspiraron a la presidencia?

A mí no me suena. Realmente vengo aquí a hacer un trabajo social, un trabajo que el presidente Laurentino Cortizo me ha encomendado, para el cual estoy trabajando. Siempre estaré agradecida por la confianza, y ese es mi enfoque: hacer un trabajo social para esta institución.