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Opinión - 07/6/19 - 12:00 AM

Registro panameño de naves

La realidad de nuestras políticas de abanderamiento es que no dista de un baratillo de medio año en un centro comercial ofreciendo descuentos por volumen de abanderamiento, poniendo por el piso los precios, requisitos y minimizando el control administrativo que tenemos sobre este proceso.

La historia de Panamá está íntimamente ligada a su posición geográfica de una manera privilegiada, como si los procesos geomorfológicos conspiraran para posicionar a nuestro istmo como punto de referencia en distintos escenarios sociales, políticos y económicos.

Desde los recorridos realizados por los primeros grupos humanos amerindios que se desplazaron a lo largo del istmo, pasando por la invasión europea encabezada por Rodrigo Galván de Bastidas y seguida de las constantes excursiones "con sentido de exploración y catequesis" por parte de españoles, portugueses e irlandeses llevaron a colocar dentro de los mapas náuticos a Panamá como un punto estratégico para estas exploraciones en mar abierto.

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Con este contexto y antes de nuestro Canal, nuestro país gozaba de una sólida reputación como nación de mar, una parada obligatoria para el intercambio cultural y comercial, pero una nación de mar sin ser dueña de ese título y una parada que benefició a todos, menos a Panamá.

Bajo esta conciencia y en un ejercicio temprano de empoderamiento comercial (luego de nuestra separación de Colombia y la inauguración del Canal) en 1917 se promulga la Ley 63 que apertura la política de abanderamiento de todo tipo de naves llevándonos a ganar en el año 2016 el récord Guinness al tener un 18% de la flota mundial, por registrar 8,904 embarcaciones que representó en su momento 226.6 millones de toneladas de registro bruto.

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¿Y cuántas de estas naves son de Panamá? La respuesta a esta pregunta nos posiciona nuevamente en la realidad de una nación de mar que no tiene embarcaciones propias abanderadas. Hemos hecho del abanderamiento un negocio que ha definido a nuestra bandera como "bandera de conveniencia", convirtiéndonos en la vía más fácil para que una naviera pueda entrar en el tráfico mundial según lo establecido en el Convenio Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay (Jamaica), el 10 de diciembre de 1982 y ratificado por España el 20 de diciembre de 1996.

La realidad de nuestras políticas de abanderamiento es que no dista de un baratillo de medio año en un centro comercial ofreciendo descuentos por volumen de abanderamiento, poniendo por el piso los precios, requisitos y minimizando el control administrativo que tenemos sobre este proceso.

Mas allá de los beneficios que podemos estar recibiendo al prestar dicho servicio, como es natural en nuestra historia como país, la comodidad que vivimos actualmente frente a esta normativa nos puede impedir dimensionar el desarrollo como país, con costa en ambos mares, que podemos lograr al impulsar nuestra flota comercial y restringir nuestras políticas de abanderamiento para concentrarnos en ser una potencia naviera y no el atajo para que otros países puedan serlo.

Uno de los retos de nuestros actuales gobernantes es dejar de mirar un poco el Canal y empezar a mirar hacia el mar. Tal cual lo hicieron los ojos de Balboa, Lesseps y Roosevelt pero con la diferencia de que sean ojos panameños deseosos de alcanzar el desarrollo que la plataforma marítima comercial mundial nos ofrece.