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Opinión - 02/4/19 - 12:00 AM

Nuestra democracia exige más que elecciones y de constituyente

Una reforma constitucional tampoco es la panacea, empero la mentalidad positiva de unos y el clamor de las mayorías, apunta a corregir los desaciertos que han invalidado importantes decisiones en detrimento de la convivencia ciudadana...

Convocar a una reforma constitucional, con el fin de enrumbar la institucionalidad del Estado. Foto: EFE.

Platón, en su tratado sobre La República, define el sentido de la democracia como el poder que emana del pueblo y en otros pronunciamientos filosóficos, como la forma de gobierno en la que ese mismo pueblo asume la dirección de los asuntos públicos.

Esto se previó a la cobija del Ágora Ateniense, aunque hoy algunos detractores políticos podrían interpretarlo como usurpación de funciones o hasta de un golpe de Estado.

Lamentablemente, estos principios parecen no encajar con ideologías políticas contemporáneas, donde al pueblo se le limitan sus derechos y libertades incluyendo, el acceso a las mínimas condiciones humanas.

En medio de unas elecciones generales para renovar las nuevas autoridades que administrarán las instituciones del Estado, el clima que pulula no pareciera el más oxigenado para garantizar que los encumbrados, sean realmente los que el país necesita, que porten el perfil y realicen el trabajo que exige la demanda publica; de esta decisión pende la prestación de un mejor servicio básico (salud, educación, transporte y agua, entre otros) y el fortalecimiento de los poderes Legislativo y Edilicio, para que deliberen y legislen a favor de las mayorías y, sobre todo, que haya transparencia y cumplimiento de los fundamentos de gobernanza.

Cuando los maltrechos procesos democráticos como el nuestro, no aparentan más que un chiste, surgen críticas al estilo de régimen que gobierna y, seguidamente aparecen propuestas para un cambio constitucional.

Estas posiciones no son más que el discurso trasnochado de campañas, consideradas por muchos como banderas políticas; queriendo hacer ver que un nuevo ordenamiento, empodera a la democracia y por tanto, los triunfadores harían un buen gobierno, cimentado en los más caros principios democráticos.

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Optar por una decisión tan importante, en traslape con los pórticos de una constitución militarista emparchada con remiendos politiqueros, igual a casi todas las que hemos tomado pos-invasión, no es más que el caldo de cultivo para la elección de otro gobierno populachero.

No me explico cómo se podrá escoger a una administración diferente a las anteriores, cuando todos los candidatos a los diferentes puestos de elección, incluyendo a los supuestos independientes, mantienen directa o indirectamente alguna ligazón político-partidista con los que han gobernado en los últimos 30 años, sumado una marcada duda a la legitimidad del proceso por parte del Tribunal Electoral.

Una reforma constitucional tampoco es la panacea, empero la mentalidad positiva de unos y el clamor de las mayorías, apunta a corregir los desaciertos que han invalidado importantes decisiones en detrimento de la convivencia ciudadana, por la permisividad de una normativa desfasada, que ha sido vulnerada por el juega vivo generacional salido de control y que urge rectificar antes que sea más tarde.

Ojalá, esta iniciativa no sea politizada para embaucar a la ciudadanía en beneficio de un grupo de élites políticas y empresariales, a través de la manipulación proselitista de intereses creados.

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De la misma forma como se desenvuelva la campaña política, los resultados, la credibilidad y el respaldo de la ciudadanía al nuevo gobierno y como valor agregado, el fortalecimiento a la democracia.

De aquí, la fortaleza para convocar a una reforma constitucional, con el fin de enrumbar la institucionalidad del Estado. 

De este nuevo rumbo constitucional, la dinamización de la Administración de justicia, el control para el uso correcto de los recursos, para un crecimiento y desarrollo que permee a todas las capas sociales.

Es por ello, que nuestra democracia necesitas más que elecciones y de un cambio constitucional.

Administrador Público y Docente.