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Opinión - 06/6/19 - 12:00 AM

Educación inclusiva en Panamá

En los 24 años de haberse creado la ley, hemos avanzado en darles oportunidad a los mismos, para que logren prepararse académicamente para el futuro.

La educación inclusiva es un paradigma que en Panamá está contemplada en la Ley N.º34 del 6 de julio de 1995, en la cual modifica el artículo de la Ley 47 Orgánica de la Educación de 1946, es publicado el 11 de julio de 1945 para ofrecer una educación inclusiva, adecuada y de calidad a los estudiantes que se encuentran bajo esta condición.

Al primer factor que debemos recurrir es si hay en nuestro país personal adecuado y entrenado en materia de educación inclusiva (maestros y profesores de secundaria).

Otro factor es preguntarnos, si hay infraestructuras en los planteles públicos y privados apropiadas para estos estudiantes. Se debe hacer una evaluación integral en cada uno de los planteles educativos del país, ya que los estudiantes de inclusión merecen un buen trato.

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En los 24 años de haberse creado la ley, hemos avanzado en darles oportunidad a los mismos, para que logren prepararse académicamente para el futuro. Es innegable, que su perspectiva laboral es más alta para ser productivos en la sociedad.

En Panamá encontramos más de 500 escuelas públicas que imparten educación inclusiva; a diferencia de las escuelas privadas donde son pocos los centros con esta enseñanza.

La realidad es que, para adecuar en el resto del país instalaciones como el Iphe, resulta muy costoso, si tomamos en cuenta los profesores o maestros, los insumos, materiales didácticos y las adecuaciones de infraestructura de las aulas de clase de enseñanza inclusiva.

Tanto en nuestro país, como en gran parte de los países de Latinoamérica, se están tomando rumbos específicos hacia una educación integral e inclusiva, lo cual requiere un proceso de cambio, de los profesionales y especialistas de la comunidad educativa y la sociedad en general.

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El Gobierno, a través de las instituciones encargadas de la materia, debe hacer cumplir las leyes e impulsar las adecuaciones a nivel nacional de los centros educativos, ya que se ha detectado un gran número de niños y jóvenes con bajo rendimiento en el aprendizaje que deben ser incluidos en la enseñanza especial o inclusiva.

Estos niños y jóvenes de educación inclusiva, no solo deben tener una educación de formación media, pues luego que salen de la misma; deben ser apoyados para que puedan lograr una educación superior.

Por todo lo antes mencionado, el Ministerio de Educación debe aumentar su presupuesto para cubrir estas necesidades.

Las empresas e instituciones públicas, al incluir en su recurso humano a las personas con algún tipo de necesidad especial, aportarían a una real educación inclusiva y se cumpliría con la reglamentación existente.