Judicial - 01/8/2020 - 12:00 AM

EE.UU. incita a violar la Convención que ha usado para protegerse

En el 2003, Estados Unidos presionó a unos 50 países, incluyendo a Panamá, para que renunciaran a juzgar a militares y civiles estadounidenses, amparados bajo la inmunidad diplomática.

En Panamá hubo indignación porque EE.UU. presionó para llevarse a su jurisdicción penal-militar a Vélez Pagán.

Estados Unidos es quizás el país que más ha invocado la "Inmunidad de jurisdicción" y la Convención de Viena, para evitar que sus soldados y civiles sean juzgados fuera de su territorio por crímenes cometidos en países en donde mantienen alguna presencia militar.

Panamá no escapa de la lista de países que han sido presionados para aceptar la inmunidad de los soldados estadounidenses, lo que ha causado perjuicios a sus ciudadanos, como es el caso más reciente del asesinato de la chiricana Vanessa Rodríguez.

En el año 2003, Estados Unidos presionó a 50 países en el mundo, a los cuales amenazó con retirarles la ayuda económica, si no aceptaban renunciar a enjuiciar a sus soldados y civiles y garantizaban no someterlos tampoco a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

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Producto de esa presión, la entonces presidenta Mireya Moscoso, accedió a firmar con Estados Unidos el "Acuerdo respecto a la entrega de personas a la Corte Penal Internacional", que después se convirtió en la Ley 64 de 29 de octubre de 2003.

Panamá se comprometió a no entregar ni trasladar a ciudadanos estadounidenses, "por ningún medio", a la Corte Penal Internacional, a cualquier otra entidad, o a un tercer país que pretenda posteriormente llevarlos ante la CPI.

El Acuerdo suscrito por Panamá amparó a los funcionarios públicos, los empleados, incluidos los contratistas, el personal militar y los nacionales de Estados Unidos que cometieran algún delito en territorio panameño.

Irónicamente, Estados Unidos, el país que ahora presiona para que se viole la "Inmunidad de jurisdicción" del Parlamento Centromericano (Parlacen), es el que más ha invocado la Convención de Viena desde su firma en 1961, para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos en otros Estados.

Medios internacionales sostienen que Estados Unidos ha argumentado históricamente que el tema de la inmunidad para sus fuerzas militares obedece a que solo en una corte estadounidense tendrán un juicio justo y debido a que teme que acciones legales "arbitrarias" en el país huésped terminen obstaculizando las operaciones militares.

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La Convención de Viena, que ha invocado Estados Unidos durante años, plantea en su artículo 39 que toda persona que tenga derechos, privilegios e inmunidades gozará de ellos desde el momento en que penetre al territorio del Estado receptor.

Mientras que el artículo 40 señala que si un agente diplomático atraviesa un tercer Estado o se encuentra en él para tomar posesión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o volver a su país, a este se le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso a él y a su familia.

No obstante, EE.UU. ahora propugna porque se viole la Convención de Viena y la "Inmunidad de jurisdicción" que ampara a los miembros del Parlacen, cuando antes los usó para proteger a sus ciudadanos, algunos acusados hasta de crímenes múltiples.

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Sin embargo, Estados Unidos plantea ahora que la inmunidad que le brinda el Parlacen y la Convención de Viena a sus miembros, es un escudo para evitar la extradición a su territorio de nacionales de otros países. Estados Unidos también ha invocado esta inmunidad cuando a sus tropas se les ha acusado de crímenes de guerra.

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