Políticas contra el crimen, son 'un fracaso total'
Los programas implementados por el Gobierno Nacional, como Barrios Seguros y Fuerza de Tarea Conjunta Águila, no han surtido mayores efectos.
- Jason Morales Valdés
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- - Publicado: 26/6/2017 - 12:00 am
La gestión del presidente Juan Carlos Varela se ha caracterizado por la aplicación de estrategias de seguridad que no han sido efectivas, tras 35 meses de gestión.
Se trata de la ejecución de programas que se han mantenido a lo largo de los casi tres años de mandato de Varela, como el programa Barrios Seguros, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Águila y la Operación Escudo, entre otros, los cuales no han dado los resultados esperados.
Estas políticas no son bien vistas por los ciudadanos, que perciben falta de presencia policial en las calles y pérdida de respeto por parte de los delincuentes hacia la autoridad, la cual también ha sido víctima de los criminales.
Con ello, diversos sectores atribuyen el incremento de la inseguridad a la poca efectividad de estos programas, ya que no atienden de manera integral los problemas básicos.
En ese sentido, el analista político Cristóbal Silva cree que la inseguridad ya está a niveles intolerables mientras el presidente sigue con Barrios Seguros, que es un fracaso total.
Sobre el mencionado programa, que se inició en julio de 2014, al Gobierno se le acusa de haber firmado una amnistía con miembros de pandillas.
Este proyecto llegó a desarrollarse en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, para beneficiar a 127 grupos de jóvenes en riesgo.'
Grupos de la fuerza pública no han podido combatir la criminalidad
Tras el fracaso de las fuerzas combativas contra el crimen de Panamá, la semana pasada, el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ofreció su apoyo para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Panamá.
Según una reunión entre autoridades panameñas en la que participó el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, la iniciativa buscará reformar la Policía y el cuerpo antinarcóticos del país.
También ante la necesidad de priorizar en la seguridad fronteriza en los límites aéreos, terrestres y marítimos para combatir el narcotráfico.
A su vez, reformar y profesionalizar los servicios de seguridad panameños, que incluyen a 6,000 agentes implicados en operaciones antinarcóticos.
La formación y el apoyo de los Estados Unidos serían en las agencias de aplicación de la ley en Panamá.
Control migratorio se contradice con la extensión de más permisos
Las operaciones para controlar la migración en Panamá se contradicen cuando el 9 de mayo de 2016, el Gobierno panameño anunció que llevaría a cabo la Operación Escudo para cerrar la frontera con Colombia y enfrentar el paso irregular de migrantes.
Primero el presidente Juan Carlos Varela explicó que se pondría en vigencia la Operación Escudo para blindar el país ante el narcotráfico y contener las amenazas de la región, sin embargo, esto permitió la compra de equipos que ahora son utilizados por el equipo élite de seguridad FTC Águila.
Pero en el 2015, bajo la gestión del presidente Varela, fue firmado el Decreto Ejecutivo número 169 del 22 de mayo de 2015, que autorizó la renovación de los permisos provisionales de residencia por seis años otorgados a 39 mil extranjeros.
Esta actividad ha seguido siendo efectiva, cuando en el 2016 se conociera la aprobación de 20,542 permisos de residencias. De estos, 4,615 fueron a ciudadanos venezolanos y 3,059 a colombianos.
Sectores del país han experimentado el retorno de la criminalidad
Regiones como Panamá Este y la provincia de Colón presentan un alto índice de asesinatos.
Panamá Este no escapa: Desde que se inició el mes de enero, hubo periodos de 24 horas en los que se reportó de hasta seis personas asesinadas en el sector de Panamá Este, incluso cobrando la vida de agentes policiales y agentes de seguridad.
Colón más violento: Los asesinatos en la provincia de Colón aumentaron en un 67% en comparación con el año pasado, con casos que han conmocionado al país, como la muerte del futbolista de la selección nacional Amílcar Henríquez.
Claves
4,150 jóvenes en conflicto con la ley se beneficiaron con el programa de seguridad Barrios Seguros.
50 dólares eran otorgados a los miembros de pandillas en forma de bonos.
Millones para pandilleros
Luego se presupuestó el pago de bonos mensuales, por un monto de 50 dólares, a unos 4,150 jóvenes en conflicto con la ley, de los cuales menos de la mitad, 1,500, han concluido los cursos vocacionales y 600 de ellos llegaron a trabajar en proyectos del Gobierno, según cifras oficiales.
Incluso en enero del 2016 se promovieron $30 millones para construir cuatro centros destinados al programa Barrios Seguros, en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.
Sin embargo, varios menores involucrados en este programa siguieron delinquiendo, lo que produjo la suspensión de esta estrategia en provincias como Colón, donde semanas atrás, una menor de 8 años de edad recibió un disparo en la cabeza por un sujeto que se encontraba manipulando un arma y supuestamente era integrante de Barrios Seguros.
Tras ese incidente, repentinamente, el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, anunció que se había tomado la decisión de cancelar el programa, alegando que los pandilleros "que no quieran a las buenas, se las verán a las malas". Colón registra 33 homicidios en el 2017.
Esto llevó a las autoridades a replantear la estrategia de seguridad en la provincia caribeña con otra, denominada Plan Cuadrante.
La implementación del Plan Cuadrante se produjo a mediados del mes de mayo como la nueva estrategia de seguridad para Colón, que consiste en dividir geográficamente por cuadros la atención policial en las zonas más conflictivas.
Sin embargo, estas acciones fueron calificadas por varios sectores como parte de la demagogia del Gobierno.
Entre ellos, el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino, quien lamentó cómo "hace pocas semanas, los voceros del Gobierno prometieron acabar con las drogas y la delincuencia en Colón, pero los asesinatos han aumentado, así como los robos".
Reconocen auge criminal
A principios de este año, el propio presidente Varela apeló a que se había logrado reducir la tasa de homicidios en un 47%, de 17 a 9 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, a inicios de junio, Varela cambió el discurso al reconocer que "hay problemas de seguridad en Panamá y en todos los países del mundo, los cuales me toca enfrentar", pues "de enero a mayo de 2017, había una tendencia de más de 15 homicidios (por cada 100 mil habitantes). Estamos por encima del año pasado en temas de homicidios y de robos", reveló.
Esta situación obligó al mandatario a buscar nuevas estrategias para tratar de corregir este problema, y la última de ellas, a través de un decreto para reducir la estadía de los turistas, lo que según expertos, no resolverá la inseguridad.
Ello, ante la implicación de ciudadanos extranjeros en homicidios, robos y secuestros aun en áreas como Calle 50, Howard y Punta Pacífica.
Esto llevaría a proponer nuevas estrategias de seguridad incluso con la colaboración de los Estados Unidos, durante su última visita al país del norte.
No obstante, sectores de la sociedad han rechazado que se intente colocar un centro de inteligencia que se traduzca en una base militar estadounidense en Panamá, con la excusa de combatir el narcotráfico.
Mientras que el Gobierno sigue anunciando planes y estrategias, los diferentes sectores de la sociedad panameña consideran que cada día los niveles de inseguridad son más altos, lo cual es preocupante.
Incluso en las últimas encuestas y sondeos, la población plantea que la inseguridad es el principal problema que afecta al país.
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