Renovación
¿Merecemos otro fraude constitucional?
...un grupo de panameños honestos y pensantes decidieron iniciar un proceso conducente a promover la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiese ser aprobada antes de que se inicie el nuevo mandato del próximo presidente electo previsto para mayo 2019.
- Cristóbal Silva
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- - Publicado: 14/2/2018 - 12:00 am
Durante la campaña presidencial del 2014, el ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela R., dentro su catálogo de promesas proselitistas, incluyó la convocatoria para una asamblea constituyente dentro de su primer año de gestión administrativa como presidente electo. No obstante, a los pocos meses, esta promesa se convirtió en un "fraude constitucional", ya que el recién inaugurado presidente nos dijo que "no era el momento" para realizar la constituyente prometida. Posteriormente, de forma unilateral, es decir, sin consultarnos, nos dijo que no estábamos preparados para intentar la misma.
Ante estas circunstancias, las que muchos panameños las consideran como parte de un engaño más de marca mayor por parte de políticos irresponsables, que acostumbrados de forma inveterada a engañar al pueblo solo para conseguir sus votos, tal como ha declarado recientemente un diputado panameñista, sin ningún ápice de sonrojo, ante el pleno de la Asamblea Nacional, un grupo de panameños honestos y pensantes decidieron iniciar un proceso conducente a promover la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiese ser aprobada antes de que se inicie el nuevo mandato del próximo presidente electo previsto para mayo 2019.
La intención es lograr la preparación y aprobación de una nueva Constitución, que reemplazaría la que tenemos vigente aprobada en 1972, misma que se considera ya desfasada y obsoleta, por lo que una renovación se hace evidente y necesaria para modernizar la institucionalidad del Estado panameño y corregir los varios vacíos y deficiencias que se han hecho notorios a lo largo de sus 45 años de vigencia.
La Constitución actual contiene elementos que deben ser revisados y actualizados. El excesivo presidencialismo que permite al presidente tener injerencia en los otros dos poderes del Estado, aniquilando una efectiva separación de funciones entre dichos órganos del Estado; un sistema judicial sometido al poder económico, el cual influye en conjunto con el Poder Ejecutivo en las decisiones o fallos de magistrados y jueces; un Órgano Legislativo con una estructura organizacional que promueve el caciquismo regional mediante un exacerbado clientelismo en un sistema de circuitos fácilmente controlables, y un excesivo poder omnímodo otorgado al Tribunal Electoral que se convierte en una institución capaz de promover fraudes electorales.
A pesar de que se considera necesaria una renovación constitucional total, el presidente parece estar preparando una quinta sesión de reformas, esta vez al Título VII, por considerar que con esto calmaría el clamor del pueblo por los cambios antes anotados. Nuevas reformas no conducen a las soluciones reales requeridas. Las mismas constituirían un nuevo fraude constitucional al pueblo. Tal vez lo único que persiguen es de alguna forma extender el mandato del presidente por un par de años adicionales, con maniobras cuasilegales hechas a la medida.
Ingeniero
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