Corte trata de frenar clientelismo practicado por la Asamblea Nacional
El decreto que permitía a los parlamentarios ofrecer donaciones y subsidios, avalado por la Contraloría General de la República, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
- J. Chacón
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- L. Avila
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- - Actualizado: 24/6/2017 - 10:39 am
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) cerró literalmente el grifo de dinero, que era utilizado por los diputados de la Asamblea Nacional para otorgar subsidios y donaciones en sus respectivos circuitos.
Esto se logró, tras la ratificación del recurso de inconstitucionalidad, que interpuso el jurista panameño, Ernesto Cedeño, contra el Decreto 441-2016 de 25 de octubre de 2016, que le daba el aval a los padres de la patria, para utilizar dineros de fondos públicos en donaciones.
El fallo del supremo panameño también es contundente, al expresar que en el próximo presupuesto del parlamento panameño se elabore algún renglón que hable de donaciones o subsidios.
Para que esta orden judicial sea cumplida a cabalidad, la Corte se cobijó en el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política que establece que "es prohibido que la Asamblea expida leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución".
Agrega la sentencia, que "la presente decisión ofrece certeza y seguridad jurídica en materia de donativos y subsidios, en el sentido de que tales actividades le son prohibidas a la Asamblea Nacional".
Sobre esta decisión, el excandidato presidencial, Juan Jované, manifestó que, en efecto, la Constitución no le daba facultad a los diputados de dar donativos y los magistrados lo hicieron cumplir.
Sin embargo, el también economista, advirtió que si bien los diputados de ahora en adelante no podrán dar donativos, antes se dieron, y si se hizo contraviniendo la ley, utilizando dinero del Estado de manera inadecuada, amerita ser investigado.'
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millones de dólares en subsidios y donaciones realizó la Asamblea entre julio de 2014 y diciembre de 2016.68
millones de dólares han sido utilizados en la Asamblea para el pago de servicios profesionales en lo que va de esta gestión.
Por su parte, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, manifestó que no tiene fe del fallo de la Corte, porque no existe ninguna fiscalización al respecto.
Agregó que las necesidades básicas y la falta de moral permiten que la población sea víctima del clientelismo que se desata durante cada campaña electoral.
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