Ordenan detención de independentista catalana que huyó a Suiza
Ana Gabriel, exportavoz parlamentaria de la CUP (partido antisistema), tenía que declarar ante el juez del Tribunal Supremo (TS) español Pablo Llarena.
- Madrid / EFE
- - Actualizado: 21/2/2018 - 12:09 pm
Un juez dictó este miércoles orden de detención en España de la independentista radical catalana Anna Gabriel, pero no reclamó su arresto y entrega -como pedía la Fiscalía- a las autoridades de Suiza, país adonde huyó hace unos días para eludir la acción de la Justicia española.
Gabriel, investigada por el proceso independentista catalán, no puede ser extraditada a España aún cuando el delito del que es acusada -el de rebelión- existiera en el Código Penal suizo en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, según señaló el Gobierno helvético.
"Lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", argumentó el portavoz del Departamento suizo de Justicia, Folco Galli.
Gabriel, exportavoz parlamentaria de la CUP (partido antisistema), tenía que declarar hoy ante el juez del Tribunal Supremo (TS) español Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista catalán de 2017 -declarado inconstitucional-, pero no se presentó en el juzgado.
En declaraciones a una televisión catalana desde la ciudad suiza de Ginebra, Gabriel opinó que hay falta de imparcialidad de los tribunales españoles y pidió el archivo de la causa y la libertad de los independentistas catalanes "perseguidos".
En estas circunstancias, el juez Llarena, encargado del caso, dictó una orden nacional de detención contra Gabriel.
De esta manera, queda en la misma situación que el expresidente catalán independentista Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros, que permanecen en otro país europeo -Bélgica- huidos también de la Justicia y con una orden judicial de detención en España.
Dos investigados más cumplen prisión preventiva en España: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn, en tanto que otros antiguos responsables políticos están en libertad provisional como sospechosos de un presunto delito de rebelión y otras acusaciones.
En un recurso por "indefensión" presentado hoy en el TS, Junqueras denunció la existencia de un "puzzle artificial" de causas para "criminalizar" al independentismo ante la imposibilidad de ilegalizarlo.
En el caso de Gabriel, el juez Llarena no siguió el criterio de la Fiscalía, del abogado del Estado español y de la acusación popular ejercida por el partido de derechas Vox, que le habían solicitado una orden internacional de detención.
El magistrado evitó poner en marcha un proceso de extradición con Suiza, pero ésta es una posibilidad que no queda cerrada, y dependerá de que considere oportuno adoptarla en su caso.
En su escrito, la Fiscalía pedía al juez que dictara un auto de prisión contra Gabriel tras su huida a Suiza y que cursara una orden internacional de detención y entrega a las autoridades de este país para la posterior demanda de extradición.
Los fiscales señalaban que "a los fines de impedir que continúe en situación de fuga", una vez que el juez dicte el auto de prisión, se debe cursar la orden de búsqueda y captura internacional de Gabriel y su detención preventiva a los efectos de la posterior demanda de extradición.
Pero Llarena se limitó a aplicar el articulo 487 de la Ley español de Enjuiciamiento Criminal, que señala que las incomparecencias en el juzgado sin causa justificada pueden convertirse en orden de detención.
Gabriel ya había notificado al juez que no pensaba acudir y que permanecerá en Suiza, adonde llegó hace días, después de pedir un aplazamiento de su comparecencia, inicialmente prevista para el miércoles pasado.
El mismo juez del TS imputó hace semanas a un amplio grupo de responsables políticos catalanes integrados en el comité estratégico que dirigía el proceso independentista, según documentación incautada a Josep María Jové, considerado el cerebro de los planes de secesión.
Gabriel podría estar integrada en ese comité estratégico, aunque según su compañera de partido, Mireia Boyá, la CUP (formación radical y anticapitalista) nunca tuvo conocimiento, ni sus responsables formaron parte de ese órgano.
También hoy, Llarena justificó la fianza de 60.000 euros impuesta el lunes a la dirigente independentista de ERC (republicanos de izquierda) Marta Rovira por la capacidad "decisoria" que le atribuye en el proceso soberanista.
Además, la Fiscalía pidió ampliar la investigación por sedición a toda la cúpula de los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana) de aquel momento en relación con el referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del 1 de octubre de 2017.
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